Los proyectos de infraestructura tienden a suscitar debates complejos cuando inciden en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el territorio, la consulta previa y la salvaguarda de derechos colectivos. En América Latina, uno de los episodios que atrajo una atención particular fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por el desarrollo de la represa Chan 75.
En este escenario, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que llevó a cabo una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo desarrollado sobre el terreno permitió recopilar información sobre la realidad de las comunidades y producir un informe jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual tratamiento ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La misión destinada a llevar a cabo la verificación en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y estuvo conformada por abogados con experiencia en derechos humanos. Su propósito consistió en examinar directamente cómo se encontraban las comunidades afectadas por la construcción de la presa y contrastar la información oficial con lo observado en el terreno. Con ese fin, el equipo sostuvo conversaciones con autoridades, representantes de la empresa a cargo del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, tras lo cual se desplazó a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, para recorrer las áreas impactadas.
Durante la visita, se exploraron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas de reubicación y espacios ya transformados por la obra. El trato directo con las familias y los líderes comunitarios constituyó un eje esencial del trabajo, pues brindó la posibilidad de comprender de forma inmediata el grado de tensión, vulnerabilidad y desarraigo que muchas personas habían experimentado desde que inició el proyecto.
Aspectos clave del informe relativo a Chan 75
El análisis tomó como base cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos y el efecto social del proyecto; la restitución o compensación de los territorios; las acciones de reparación; y la intervención de la comunidad en las decisiones y en los beneficios asociados al desarrollo hidroeléctrico. Estos pilares hicieron posible examinar el caso de manera integral, articulando tanto el marco jurídico nacional e internacional como la realidad constatada en el terreno.
Según indicó Loreto Ferrer, el informe tenía como finalidad ofrecer una base jurídica firme y bien sustentada que sirviera de apoyo tanto a las comunidades implicadas como a las instituciones competentes. No se pretendía limitar el análisis a una crítica teórica del proyecto, sino determinar si la actuación del Estado y de la empresa respetó derechos esenciales de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Hallazgos clave acerca de los derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más destacadas, el informe expone que al inicio no se reconocieron plenamente ciertos derechos, en especial los vinculados a la personalidad jurídica de las comunidades y a la titularidad colectiva de sus territorios. Esa ausencia abrió la puerta a que la obra progresara sin realizar consultas apropiadas ni contar con estudios suficientes sobre las repercusiones sociales y culturales.
También se recopilaron relatos sobre actos de intimidación, empleo desmedido de la fuerza, detenciones sin fundamento y procesos de negociación que no aseguraban una decisión plenamente voluntaria por parte de las familias involucradas. A esto se añadieron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron falencias vinculadas al tamaño y la calidad de los lotes, las oportunidades para la actividad agrícola y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto especialmente delicado estuvo relacionado con el impacto moral y cultural derivado del desplazamiento. Los documentos del caso evidenciaron deterioro en el tejido comunitario, ausencia de referentes territoriales y una exigencia de reconocimiento público por los daños ocasionados, más allá de cualquier compensación material.
El eventual camino frente a organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como insumo si el caso llegaba a presentarse ante el sistema interamericano de derechos humanos. Bajo esa premisa, la recolección de testimonios y el examen detallado de documentos se volvían esenciales para respaldar un expediente con alcance internacional. “Resultaba fundamental reunir materiales que pudieran ser útiles si la Corte Interamericana optaba por admitir el caso. Por ello recopilamos testimonios, detectamos patrones de conducta, revisamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procesos exige documentación rigurosa, análisis técnico y capacidad de interpretar tanto el contexto local como los estándares internacionales aplicables. Por eso, más que una intervención puntual, el trabajo en terreno y la elaboración del informe forman parte de una lógica de cooperación internacional basada en evidencia, análisis jurídico y comprensión de realidades sociales complejas.
Un ejemplo específico integrado en una vivencia más extensa
La participación de Loreto Ferrer en esta misión refleja un tipo de trabajo profesional vinculado a la cooperación internacional, la documentación técnica y el análisis de casos complejos en América Latina. No se trata solo de acompañar procesos desde lo jurídico, sino también de contribuir a que las experiencias de las comunidades puedan traducirse en insumos útiles para la incidencia institucional y la defensa de derechos.
En una mirada amplia, tanto el caso Ngöbe Buglé como el informe relativo a Chan 75 evidencian que los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al analizar disputas que abarcan territorio, comunidades indígenas, procesos de desarrollo e instancias internacionales.
