El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron han presentado una demanda por difamación contra la influencer y comentarista política estadounidense Candace Owens. La acción legal, interpuesta en el estado de Delaware, responde a una serie de declaraciones públicas realizadas por Owens en las que sostiene, sin fundamento, que la primera dama francesa nació con sexo masculino.
El documento judicial señala que las afirmaciones de Owens constituyen una campaña de desinformación deliberada que ha causado un daño significativo a la imagen y privacidad de la familia Macron. La demanda también apunta a las empresas de la influencer radicadas en ese estado norteamericano, reclamando una indemnización por una cantidad no especificada.
Una narrativa difamatoria sostenida en medios y redes sociales
Candace Owens ha recurrido frecuentemente a sus plataformas en línea y a su podcast para difundir la teoría conspirativa que sugiere que Brigitte Macron habría nacido con el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el nombre del hermano de la primera dama. Esta historia, que comenzó en foros limitados en internet, ha sido intensificada por la influencer ante millones de seguidores.
En marzo de 2024, Owens afirmó públicamente que “apostaba toda su reputación profesional” a que Brigitte Macron es “en realidad un hombre”, comentario que forma parte de una serie de publicaciones bajo el título Becoming Brigitte, donde insiste en esta teoría sin aportar pruebas verificables. La serie ha acumulado millones de visualizaciones en plataformas como YouTube.
Los abogados del presidente de Francia y su esposa señalaron que, a pesar de varias peticiones oficiales para que Owens se disculpara por sus afirmaciones, la influencer siguió adelante con su divulgación. En vez de retractarse, continuó difundiendo entrevistas y opiniones de personas relacionadas con teorías conspirativas ampliamente refutadas.
Persecución metódica y razones políticas
El comunicado emitido por los abogados de los Macron destaca que el contenido difundido por Owens ha derivado en “un acoso implacable a escala mundial”, afectando no solo a la pareja presidencial sino también a su entorno familiar. Además, califican la campaña como una estrategia deliberada para generar notoriedad mediática y posicionarse como una figura central dentro del espacio político conservador estadounidense.
La denuncia argumenta que Owens actuó con “verdadera malicia”, un criterio legal que en Estados Unidos demanda que el acusado haya compartido información incorrecta consciente de su falsedad o con un desdén temerario hacia la verdad. Según el documento de la corte, Owens ignoró datos verificables que refutan sus declaraciones y prefirió, en su lugar, magnificar rumores infundados.
Además de la afirmación sobre el género de la primera dama, la pareja presidencial también acusa a la influencer de haber propagado falsedades adicionales, como la alegación de que ambos serían parientes consanguíneos o que Emmanuel Macron fue instalado en el poder mediante un complot encubierto de agencias de inteligencia internacionales.
La respuesta de Candace Owens
Mediante un portavoz, Owens describió la demanda como un esfuerzo por amedrentar y un atentado contra la libertad de expresión. Afirmó que el proceso judicial representa una intromisión externa en los derechos asegurados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Además, argumentó que se trataba de una venganza por haber puesto en duda públicamente a un líder político internacional.
En sus declaraciones más recientes, la influencer se ha mantenido firme en su posición y asegura que no tiene intención de retractarse. En respuesta a las solicitudes de entrevista que, según ella, fueron rechazadas por Brigitte Macron, Owens argumenta que su derecho a investigar y opinar sobre figuras públicas está protegido por la legislación estadounidense.
Un nuevo capítulo en la confrontación entre política y desinformación
Este caso representa un nuevo episodio en el creciente enfrentamiento entre figuras públicas y productores de contenido que difunden teorías conspirativas bajo la premisa de ejercer libertad de expresión. A medida que las plataformas digitales amplifican los discursos no verificados, el debate en torno a los límites entre la opinión, la crítica legítima y la difamación gana fuerza.
Emmanuel y Brigitte Macron no son los pioneros en verse enredados en controversias de este tipo, pero su elección de recurrir a un tribunal de Estados Unidos destaca la considerable repercusión mundial que pueden generar los comentarios efectuados por figuras con gran presencia en redes sociales.
El inicio del procedimiento judicial está en sus fases iniciales y se espera que sea observado de cerca tanto en Francia como en Estados Unidos. En un entorno político y mediático que se encuentra cada vez más dividido, este caso podría establecer un precedente importante respecto a la responsabilidad de los comunicadores digitales y las limitaciones legales del discurso público.
