La casi barra libre de las ayudas de Estado para amortiguar la subida de los precios de la energía se prolongará, al menos, hasta el 31 de marzo. Bruselas ha remitido este lunes a las capitales un borrador que contempla permitir a los Estados miembro mantener el auxilio público para aquellas empresas a las que asfixian los precios de la energía, pese a que ya hace tiempo que en sus recomendaciones de política fiscal pide que los presupuestos nacionales vayan cerrando el grifo y que en informes elaborados por su departamento de energía afirma que los picos de precios vistos en 2022 quedan lejos. El Ejecutivo comunitario recibirá ahora las observaciones de los Estados.
En concreto, el departamento de Competencia, dirigido ahora por el belga Didier Reynders, ha informado de que ha planteado que se prolonguen dos líneas del marco de crisis y transición energética que caducarían el próximo 31 de diciembre: la que permite ayudas de hasta dos millones a empresas golpeadas por el incremento de precios y la que permite la compensación parcial a compañías intensivas en energía por “los costes adicionales debidos a los aumentos excepcionales de los precios del gas y la electricidad”. Sendas líneas son las que finalizarían al acabar este año, porque otras ya puestas en marcha con la invasión de Ucrania por Rusia tenían el plácet desde el pasado marzo.
Hace nueve meses la Comisión, además, rediseñó prácticamente toda su política de ayudas de Estado para permitir que los subsidios lleguen a las empresas en su necesaria adaptación a la transición energética y a la política de descarbonización. Se abrió mucho la mano para que el sector privado pudiera contar con el auxilio público para realizar las inversiones necesarias sin perder competitividad, visto que en regiones del planeta (Estados Unidos, China, Japón) competidoras se regaba con dinero de los contribuyentes a las compañías para hacer este recorrido.
Este pasó provocó tensión entre los diferentes Estados miembro que temen que la relajación de la política de ayudas públicas observada en varios frentes acabé por dinamitar el mercado único. Por un lado están Alemania —país que está sufriendo una crisis importante con la guerra y el cambio de modelo económico y energético que ha provocado y que, al mismo tiempo, cuenta con gran margen fiscal para ayudar a su sector privado— y Francia. Y, por otro lado, países más pequeños que por su tamaño, pese a contar con presupuestos saneados, nunca podrían alcanzar el volumen de las grandes economías de la UE. También estaban otros países con menos margen fiscal.
La relajación del marco de ayudas de Estado fue una de las primeras medidas económicas que adoptó Bruselas al comenzar la invasión de Ucrania y estallar la crisis de precios energéticos. La puso en marcha el 23 de marzo de 2022 y desde entonces la ha prorrogado en varias ocasiones.
Esta decisión venía avalada por lo sucedido durante la pandemia, cuando para evitar la asfixia del sector privado se abrió la mano para que las capitales pudieran rescatarlo. Desde entonces la cantidad de ayudas públicas repartidas por los Estados se ha disparado. Si en 2019 la cantidad total subió a cerca de 140.000 millones, un año después ascendió a casi 390.000, contando a Reino Unido (320.000 sin sumarlo). Un año después, en 2021, ya sin Londres tras el Brexit, la cifra fue prácticamente la misma, según los datos del departamento de Competencia de la Comisión.
Todavía no hay datos de 2022 ni, por supuesto de 2023, pero los números provisionales de líneas ayudas —no dinero gastado— a las que Bruselas ha dado el visto bueno adelantan cifras significativas. Por ejemplo, tras la nueva regulación aprobada en marzo hasta el pasado agosto la cantidad de líneas de subvenciones, créditos o apoyos lanzados desde los Estados con el respaldo de la Comisión ascendía a 741.000 millones de euros, la mitad de los cuales corresponden a iniciativas de Berlín.
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