El Gobierno se alinea con las estimaciones de los principales organismos internacionales y casas de análisis: proyecta que este año la economía irá un poco mejor de lo previsto hace unos meses, pero calcula que se enfriará el año que viene. Así lo recoge la actualización del cuadro macroeconómico contenido en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo acaba de enviar a Bruselas, que mejora la previsión de crecimiento del PIB para este año, del 2,1% al 2,4%, pero empeora los pronósticos para 2024, con un recorte de cuatro décimas, hasta el 2%. En cuanto a las grandes variables presupuestarias, se mantienen parcialmente constantes: el Ejecutivo calcula un déficit del 3,9% del PIB este año y de un 3% el próximo, los mismos guarismos presentados en primavera, mientras que la deuda bajará hasta el 106,3% en 2024, una mejora con respecto a los anteriores pronósticos. “La buena marcha de la economía permitirá anticipar el objetivo de deuda, situándola por debajo del 110% del PIB en 2023″, señala el documento.
El Plan Presupuestario, que todos los Estados miembros deben enviar a Bruselas antes del 15 de octubre de cada año, incluye las previsiones que los Gobiernos trazan sobre la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas y de sus finanzas públicas. El documento debería enviarse tras la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, para dotarle de una perspectiva de medio plazo. Esta vez el proceso será a la inversa. España no ha elaborado las cuentas porque aún no hay nuevo Gobierno, y no está permitido que las confeccione un Ejecutivo en funciones.
También el Banco España y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recortado sus previsiones para el próximo año. El organismo multilateral, el último en corregir sus estimaciones, la semana pasada, redujo en tres décimas, hasta el 1,7%, la estimación de avance del PIB español para 2024, aunque mantuvo un vigoroso 2,5% para este año, un porcentaje que triplica la cifra de la eurozona.
En otras palabras: la economía española crece, y crecerá por encima del bloque comunitario —también debido a que el rebote tras la covid ha sido más intenso porque el mazazo fue más duro—, pero el frenazo generalizado que vive la economía mundial empieza a hacer mella. Europa se enfría, el gigante chino desacelera, las tensiones geopolíticas y los cuellos de botella logísticos no se disipan, ni tampoco la inflación, y a la guerra en Ucrania se ha añadido recientemente otro foco de conflicto en Oriente Medio con potencial de contagio hacia otros países. Todos estos elementos entorpecen el crecimiento y hacen que la actividad global sea más volátil.
Un avance más débil, además, hará que sea más arduo el camino para reequilibrar unas finanzas públicas que se han quedado muy tocadas con la covid. En 2024 volverán a estar en vigor las reglas fiscales europeas, congeladas a raíz de la pandemia para permitir a los Estados disparar su gasto y diseñar un escudo social para sus ciudadanos y empresas sin caer en incumplimientos. España mantiene que el próximo año ya logrará reducir el déficit hasta el 3% del PIB, el umbral máximo que marca la norma comunitaria, pero estas previsiones se basan “en un escenario fiscal inercial”, según señala el Plan Presupuestario. “En dicho enfoque inercial, en 2024 los ingresos tributarios se proyectan sin tener en cuenta las medidas de carácter temporal que afectan a los impuestos sobre la producción con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2023″. Es decir, las ayudas lanzadas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. “Por el lado de los gastos, sí se incluyen determinadas medidas por considerar que se adoptarán en cualquier escenario”, entre ellas la revalorización de las pensiones o los sueldos públicos.
En el Plan Presupuestario del año pasado, el Gobierno contempló por primera vez dos distintos escenarios presupuestarios. El primero coincidía con las cifras recogidas en el proyecto de Presupuestos —entonces sí se cumplió con el calendario—, mientras que la segunda opción —la que finalmente se concretó— planteaba elevar ingresos y gastos en unos 20.000 millones entre 2022 y 2023, alegando la fuerte incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y su impacto sobre la economía.
“En este Plan Presupuestario se ha trabajado en un escenario 2 que prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética”, recalcaba el documento.
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