El Gobierno español se replantea el impuesto creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios logrados por las energéticas por el brutal incremento en el precio de la energía el año pasado. “Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, ha afirmado en Dubái la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones a la agencia Efe. En su actual diseño, el impuesto grava la facturación y no las ganancias.
Además de identificar beneficios extraordinarios, hay que ser conscientes de que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre hacer esa transición, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”, ha añadido la máxima responsable del Gobierno para asuntos energéticos. “Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir” para evitar que “unos ganen mucho” y todos paguen más. “Y cómo puede usted [compañía energética] puede asegurar que mantiene o acrecienta esa reinversión”.
La medida está incluida en el acuerdo de gobierno alcanzado en octubre por PSOE y Sumar —”revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”—, pero genera dudas a otros socios clave para el Ejecutivo, como el PNV. A diferencia de lo que ocurría la pasada legislatura, cuando contaban con algo más de margen de maniobra para sacar adelante cualquier medida en el Parlamento, ahora a los partidos progresistas no les sobra ningún voto. Tanto la mayor eléctrica de España (Iberdrola) como la mayor petrolera (Repsol) tienen importantes conexiones con el País Vasco.
En las últimas semanas se habían recrudecido las críticas al impuesto por parte de las principales empresas del sector en España, con Repsol a la cabeza. La petrolera incluso ha llegado a amenazar con trasladar sus inversiones a países vecinos, como Portugal o Francia. Pese a la reciente moderación, el beneficio conjunto de las principales energéticas españolas (casi 7.400 millones de euros entre enero y octubre) sigue cerca de las cifras de 2022.
“Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto”, ha señalado Ribera, con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil pero también “justo” desde el punto de vista de “reparto de beneficios y costes”. Cada euro invertido en transición energética, en eficiencia, en renovables o en descarbonización del sistema, ha añadido, es un coste en el que no se incurrirá mañana “y son reducciones de importaciones en la balanza comercial, son beneficios inmediatos”. “Cuanto antes, mejor”, ha rematado.
Respecto a una posible ampliación de las ayudas a los hogares para paliar los efectos de la crisis energética —que vencen a fin de año—, Ribera ha considerado “capital” garantizar la cobertura de los consumidores más vulnerables por renta. En lo que respecta al resto de ciudadanos al que se ampliaron las ayudas (clase media), habrá que ver si las medidas “tienen todas sentido o si hay aspectos que se pueden ir modulando”. “Ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel técnico entre los distintos ministerios”, ha zanjado.
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